Los Teques (Especial).- Diputados del bloque del cambio del Consejo Legislativo de Miranda rechazaron enérgicamente los hechos acontecidos, el pasado fin de semana, en Charallave, en los que resultaron agredidos militantes y simpatizantes de Primero Justicia quienes se encontraban realizando un volanteo por los Valles de Tuy.
Mediante acuerdo presentado por el diputado Richard Guevara, los parlamentarios aprobaron declarar persona no grata al alcalde del municipio Cristóbal Rojas, José Ramírez; al director de Poli-Charallave, Julio César Bernal, y al sub-director de esa institución, Luis Pérez, por considerarlos responsables de estos hechos que calificaron como una violación a los derechos humanos y a la Constitución.
Asimismo se acordó instruir a la Comisión de Derechos Humanos del parlamento a iniciar las investigaciones correspondientes, así como interponer las respectivas denuncias antes los organismo nacionales e internacionales, tales como el Ministerio Público y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la brutal agresión por parte de los funcionarios de la Policía Municipal de Cristóbal Rojas contra los ciudadanos pertenecientes al colectivo de Miranda.
Guevara recordó que el pasado 19 de febrero, en la avenida Bolívar de Charallave, un grupo de militantes políticos pertenecientes a la tolda aurinegra, en uso de sus derechos civiles y políticos, consagrados en la Carta Magna, se encontraban realizando una jornada de entrega de volantes a los pobladores de esta región, donde participaba su Coordinador Nacional, Julio Borges, y el coordinador municipal Félix Alayon, entre otros.
Tras lamentar la ausencia de los diputados del PSUV en la sesión, de quienes se esperaba que fijaran posición al respecto, Guevara explicó que “mediante este acuerdo nos solidarizamos con el pueblo de Miranda, por este atentado contra el espíritu democrático que anhelamos todos los venezolanos y muy especialmente con los habitantes de Cristóbal Rojas por los bochornoso actos a los cuales fueron sometidos, por no corresponder con la política oficialista”.
A su vez exhortaron a la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, para que en uso de sus atribuciones legales inste a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, a que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios responsables de la violación y menoscabo de los derechos humanos, ya que hasta el momento no hay pronunciamiento alguno por parte de este organismo.
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